- Las familias de las víctimas centroamericanas exigen búsqueda, verdad y justicia.
- Sigue sin haber responsabilidades establecidas ni juicios penales por los hechos.
- Familiares presentarán un peritaje en materia de reparación del daño, en cumplimiento a la recomendación de CNDH.
La madrugada del 13 de mayo pero de 2012, el Ejército Mexicano reportó el hallazgo de 49 torsos humanos, 43 hombres y 6 mujeres, en el kilómetro 47 de la carretera Monterrey-Reynosa, del municipio de Cadereyta, en Nuevo León.
A 8 años de la masacre, sólo 17 víctimas han sido identificadas, 10 de ellas son personas migrantes hondureñas que se dirigían a los Estados Unidos, huyendo de las difíciles condiciones económicas y de violencia, buscando las oportunidades que su país de origen les había negado y sigue negando a miles de hondureños que día a día salen en busca de mejores condiciones.
Las familias llevan 8 años luchando por una verdad y justicia que no llega. Las autoridades no han establecido cómo, quiénes y por qué fueron privados de la libertad, la vida y los sueños; y luego abandonados en condiciones difíciles de nombrar. 8 años luchando por la dignidad y la memoria de las víctimas, 8 años para no olvidar y seguir exigiendo la no repetición de estos actos. En la masacre de Cadereyta también hubo víctimas de Nicaragua, Guatemala, México, hasta donde se sabe por el momento. El caso se sumó a una serie de hechos de máxima expresión del horror y denigración humana, en un marco de violencia generalizada y desapariciones sistemáticas, en los Estados fronterizos de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, entre otros. Es uno de los tres casos que forman parte del mandato de la Comisión Forense, creada en el año 2013 para la identificación de las víctimas localizadas en las masacres de San Fernando, Tamaulipas, en agosto del 2010 y abril del 2011, y estos hechos de Cadereyta.
El expediente fue “destruido”
Pese a la gravedad de los hechos y su carácter emblemático, la justicia no llega y parece que no quiere llegar. El 17 de octubre del 2017, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 8VG/2017, al Gobierno de Tamaulipas, al Gobierno de Nuevo León, a la (entonces) Procuraduría General de la República. En cumplimiento a la citada recomendación, la hoy FGR, a cargo de la investigación de los hechos, pidió a la Fiscalía General del Estado de Nuevo León, la atracción del expediente 121/2010, iniciado el 13 de mayo 2012 por dicha autoridad local. Después de varios recordatorios y peticiones directas y por oficios, la FGR nunca recibió el expediente sino una notificación de que el expediente había sido “destruido” por la empresa de paquetería encargado del envío. ¿Por qué? ¿A petición de quién? ¿Cuánta información contenía el expediente?
El pasado 14 de abril, la Fundación para la Justicia presentó queja ante la CNDH para que se investiguen los hechos, como una violación más a los derechos de las víctimas de acceso a la verdad y justicia. De igual forma se iniciarán otras acciones jurídicas para que se investigue la destrucción del expediente, pues la Fiscalía de Nuevo León fue la primera en intervenir en el lugar de los hechos, en recabar indicios, declaraciones y otras evidencias fundamentales para la investigación. ¿La Fiscalía General de la República podrá sacar adelante el caso sin esa información? Es lo que hoy corresponde, pese a todo. Porque las víctimas siguen exigiendo justicia, porque aún hay 32 víctimas siguen sin ser identificadas y porque la sociedad quiere saber qué pasó y por qué pasó. A las autoridades de Nuevo León les corresponde rendir cuentas sobre las circunstancias de la destrucción del expediente, informar sobre las investigaciones adelantadas y dar respuesta a las víctimas y a la sociedad.
¿Y la reparación del daño a las familias?
Una violación más para las familias hondureñas y de otros países que siguen excluidas del sistema de atención a víctimas y de los derechos previstos en la Ley, derechos a la asistencia, búsqueda, verdad, justicia y reparación. La nueva administración de la Comisión Ejecutiva deberá implementar mecanismos que permitan romper con la exclusión de las víctimas que no están en territorio mexicano, y garantizarles el derecho de acceso, en igualdad de circunstancias, a los programas y medidas operados por dicha institución. En próximas fechas, se presentará un peritaje en materia de reparación del daño, para avanzar en el cumplimiento de la Recomendación de la CNDH y reconocimiento de los daños causados, no solamente por quienes privaron de la libertad y la vida a las víctimas, sino también por quienes han aumentado el dolor de la pérdida con la frustración de la impunidad.
Por su parte, la FGR deberá reorientar su modelo de investigación, tener visión estratégica y transnacional, contextualizar el caso correctamente y allegarse de los apoyos necesarios para darle su verdadero valor. Eso esperan las víctimas, año tras año.
A 8 años de los hechos las familias siguen exigiendo conocer la verdad, que se castiguen los responsables y que el Estado Mexicano garantice la no repetición de este tipo de actos.
Por la Verdad
Por la Justicia
Por la No repetición
Hasta que la dignidad se haga costumbre
Necesitamos no olvidar…
Atentamente
Familiares de las víctimas de la masacre de Cadereyta articuladas en Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Centro de Honduras (COFAMICENH)
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD)
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