¿Defensores?

Fuente: Sergio Aguayo / Reforma
05 de marzo de 2014

Es inconcebible. Estamos a merced de los verdugos y no siempre contamos con las instituciones oficiales que deberían protegernos. Un caso emblemático es la poderosa Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Vivimos en el país de los disparates. Cada año aumenta el presupuesto oficial para los organismos públicos de derechos humanos y cada año crece el número de víctimas. Entre 2009 y 2013, doce organismos federales recibieron 28 mil 553 millones de pesos y durante ese mismo periodo casi se duplicaron las recomendaciones -pasaron de 91 a 176- de las Naciones Unidas al gobierno mexicano por faltas graves en la protección de derechos humanos. En ese tiempo la CNDH gastó 5 mil 600 millones de pesos y en 2014 tendrá 1,416 millones. ¿De qué ha servido?

Observo a la CNDH desde su creación hace 24 años. Primero la elogié, luego fue embargándome el escepticismo que se ha transformado en indignación ante su falta de compromiso, su burocratismo y su resistencia a rendir cuentas. En 2003, por ejemplo, se negó a participar y boicoteó el primer diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México que elaborara la oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Sigue cometiendo tropelías.

En agosto de 2010 el crimen organizado ejecutó a sangre fría a 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, porque no quisieron convertirse en sicarios. La CNDH emitió una “Recomendación” malhecha e incompleta en diciembre de 2013, ¡tres años y cuatro meses después de lo sucedido! El documento no califica esos actos como violaciones graves, tampoco considera a los familiares como víctimas ni decreta medidas de reparación para ellos y en ningún momento habla de las circunstancias y razones por las que en México se agrede a migrantes.

Un organismo civil, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático que preside una joven abogada, Ana Lorena Delgadillo, puso, en representación de familiares de migrantes asesinados, un amparo indirecto contra la CNDH el 15 de enero pasado. Lo admitió el juez décimo primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, Agustín Tello Espíndola, quien atendiendo la reforma en materia de derechos humanos, ordenó a la CNDH rendir un informe justificado. La CNDH interpuso una queja contra de la admisión del amparo, pero ¡utilizó el marco anterior a la reforma constitucional sobre derechos humanos! El asunto -en manos del Noveno Tribunal Colegiado de Circuito- conduce a un aspecto básico.

La CNDH no le rinde cuentas a nadie. La Comisión de Derechos Humanos del Senado tiene competencia sobre ella pero nunca ha ordenado una evaluación sobre la calidad de su trabajo pese a estar en manos del PRD durante los últimos años (actualmente la preside la senadora Angélica de la Peña). Ana Lorena Delgadillo, entre otros, solicitó al Senado que organizara una comparecencia para que el presidente de la CNDH informara públicamente sobre la recomendación acerca de los 72 migrantes. Según fuentes del Senado, la petición no obtuvo el consenso de otros senadores; en su lugar se realizará una descafeinada “reunión de trabajo”. No es la primera vez que la CNDH disfruta de la complicidad de los senadores que deberían vigilarla; en parte se debe a la protección que ha recibido de priistas tan importantes como Manlio Fabio Beltrones.

El absurdo es monumental. América Latina es actualmente la región más violenta del mundo y algunas entidades de la República Mexicana tienen las tasas de homicidios más altas de Latinoamérica. Se amontonan las víctimas y llegan de todos lados reclamos y reproches al Estado mexicano que responde creando instituciones y leyes, mientras permite que la CNDH se convierta en un trasto caro e inútil que siempre exige, eso sí, tener un lugar en el presídium. Una muestra de su irrelevancia es su ausencia en los actos del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que llevaron a la Ley General de Víctimas.

Este año el Senado de la República deberá renovar al titular de la CNDH y su actual presidente, Raúl Plascencia Villanueva, está buscando activamente la reelección. Es un momento adecuado para que el Senado realice una evaluación seria, independiente y rigurosa sobre las omisiones y la calidad del trabajo realizado por la CNDH. Por el momento, la recomendación emitida sobre la matanza de 72 migrantes en San Fernando es un escupitajo sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Defensores?

Colaboró Paulina Arriaga Carrasco.