Fuente: El País Internacional. 07 de noviembre de 2013.
Las autoridades mexicanas han intentado minimizar los crímenes del narcotráfico y su responsabilidad para resolverlos, según indica un informe interno de 2011 del Departamento de Estado desclasificado esta semana por la ONG National Security Archive. El Gobierno de EE UU afirma que la masacre en 2010 de 72 inmigrantes centroamericanos en San Fernando, Tamaulipas, es un caso emblemático de la “total impunidad” con la que los carteles operan en varias regiones del país.
“La violencia que se ha extendido por Tamaulipas [noreste de México] refleja la complejidad del conflicto. La batalla continúa y la situación es volátil”. […] Los funcionarios regionales [al noreste del país] minimizan la violencia pese a que conocen bien los riesgos que existen en el área”, apunta un informe. Los documentos, algunos de ellos publicados esta semana por la revista mexicana Proceso, señalan el intento de algunas autoridades de eludir su responsabilidad de perseguir estos crímenes. “[El Gobierno regional] promete que va a colaborar con el Ejército, pero rápidamente añade que los carteles ‘son un problema del Gobierno federal’ y que [Tamaulipas] no tiene los recursos para detenerlos”.
Los informes detallan que el Gobierno del expresidente Felipe Calderón ocultó información sobre las matanzas sistemáticas de inmigrantes centroamericanos. “Pese a que no es publicitado”, afirma un texto, “el Ejército y la Marina han continuado hallando fosas con cadáveres. La cuenta se eleva a 196”. Relata que a partir de la masacre de San Fernando, los empresarios y comerciantes empezaron a hablar públicamente sobre la violencia, “algo que rara vez ocurría”. También cuenta que las autoridades locales insistían en actos públicos que, pese a la violencia, Tamaulipas era un lugar seguro para invertir aunque “no aclaran cuál es su plan para garantizar esa seguridad”.
Otro de los documentos subraya la incapacidad del Estado mexicano para procesar a muchos de los criminales detenidos. “Si bien ha habido varios arrestos, hay muy poca información sobre los procesos judiciales de los narcotraficantes arrestados”. Recuerda la detención de 16 policías de San Fernando acusados de proteger a Los Zetas, y subraya que el Gobierno mexicano no ha difundido la evolución de los cargos que se presentaron en su contra. Otro documento de 2010 describe a Matamoros, donde ocurrieron 13 asesinatos este fin de semana, como un “escenario de confrontación” en el futuro próximo. La ciudad fronteriza, explica, es “el centro de operaciones del cartel del Golfo en la zona y un valioso objetivo para Los Zetas”.
Las sospechas más graves señalan una cooperación sostenida (y en ocasiones abierta) entre algunos funcionarios y los narcotraficantes. “Los agentes de migración y las autoridades locales miran hacia otro lado y, en ocasiones, colaboran con los criminales”. Y el crimen organizado campa a sus anchas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) denunció en enero de 2011 que los delincuentes secuestraban a los inmigrantes y les cobraban 2.500 dólares a cambio de su libertad. La CNDH calcula que en los seis meses que duró la investigación los carteles ganaron 25 millones de dólares solamente en el pago de secuestros.
Washington atribuye en 2010 a “la corrupción generalizada” la incapacidad del Estado mexicano para resolver los crímenes y detener la violencia de los carteles. Destaca que tres gobernadores de Tamaulipas han sido investigados por vínculos con el crimen organizado. Y añaden que las investigaciones sobre la masacre de San Fernando se mantienen en secreto, pese a las peticiones de activistas y de organizaciones de transparencia como Artículo 19. El Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) se negó en septiembre a difundir los detalles.
“Los carteles operan con total libertad en Durango, Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León. Obstruyen los caminos, toman el control de pueblos y acorralan a los soldados y fuerzas federales que están en sus territorios”. Como ejemplo recuerda el asesinato de 10 jóvenes, siete menores de edad, que regresaban a su pueblo, Los Naranjos, después de recoger ayudas gubernamentales para educación. Un hombre vestido de soldado les obligó a parar y después un comando armado los mató a tiros.
Según el Gobierno de EE UU, el abandono de las autoridades es tal que el impuesto cobrado por el narcotráfico se ha generalizado en las ciudades más peligrosas. “Ocho de cada 10 empresarios de Tijuana, Reynosa y Ciudad Juárez pagan extorsión a los grupos criminales”. Solamente en Juárez más de 6.000 comercios cerraron entre 2008 y 2010.
Un documento de marzo de 2010 pinta un escenario fuera de control. Tiroteos. Quema de coches de policías. Ataques indiscriminados a todo tipo de plazas (en la jerga narcotraficante, los pueblos y ciudades en disputa entre los carteles). Cuerpos decapitados. Y un silencio prácticamente absoluto de las autoridades locales y regionales, sometidas por el miedo o la corrupción.
