17 de junio de 2020
Ante la información que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León (Fiscalía NL) hizo pública el pasado 02 de junio, reconociendo la destrucción del expediente de la masacre de Cadereyta por parte de la empresa de paquetería Redpack, las familias de las víctimas y su defensa la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD) hacemos pública nuestra postura.
Fue hasta el 22 de marzo de 2019 cuando la Fiscalía de Nuevo León informó a la Fiscalía General de la República (FGR), mediante el oficio 1202/D.112019, que el expediente y evidencias, enviados en enero del 2018, al parecer habían sido “destruidos” por empleados de la empresa RedPack.
Es decir, un año dos meses después del envío, la Fiscalía de Nuevo León informó a la FGR de la situación. Las familias y la defensa de las víctimas nos preguntamos ¿qué controles aplicó la Fiscalía NL para monitorear el envío y recepción del expediente y objetos? y ¿qué cadena de custodia se implementó?
La Fiscalía de Nuevo León informa en su comunicado que la paquetería no entregó el expediente por considerarlo como paquete abandonado, “supuestamente por no encontrar al destinatario.” La Fiscalía General de la República es una de las instituciones más importantes del país y su dirección es de conocimiento público, por lo que resulta difícil que la dirección no se haya encontrado por la empresa de paquetería. La hipótesis de “paquete abandonado” presentada por la Fiscalía de Nuevo León es poco clara y poco creíble.
La Fiscalía NL no informa en su comunicado sobre las investigaciones realizadas para esclarecer los hechos ni sobre responsabilidades penales y administrativas impuestas, a pesar de la solicitud de investigación formulada por la FGR cuando fue informada de la situación.
La Fiscalía de Nuevo León refiere en su comunicación la reposición de constancias certificadas del expediente y su entrega a la FGR. No obstante, no aclara si corresponde a la totalidad del contenido del expediente original ni qué partes del mismo no habrían podido ser repuestas, por su naturaleza. Tampoco especifica cuántos tomos, anexos y objetos constituían el expediente original. ¿La FGR podrá corroborar si las copias entregadas corresponden a la totalidad de las constancias originales?
La Fiscalía de Nuevo León alude a que la situación no afectó la investigación, dejando suponer que la pérdida de evidencias tales como los objetos vinculados, no tendría mayor relevancia, lo cual nos preocupa sobremanera.
A petición de las familias de las víctimas centroamericanas, la defensa tomará las acciones jurídicas necesarias, valorando la interposición de las demandas administrativas y penales correspondientes que contribuyan a esclarecer la situación y se pueda dar una respuesta a las víctimas y a la sociedad.
Finalmente se insta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a investigar y esclarecer los hechos, y determinar las violaciones a derechos humanos que implican esta situación.
Atentamente
Familiares de las víctimas de la masacre de Cadereyta articuladas en Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Centro de Honduras (COFAMICENH)
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD)
Para mayores informes Jazmín Reza
5540389762
comunicacion@fundacionjusticia.org
