Fuente: Macías, Verónica . El Economista. 22 de agosto de 2013.
La Procuraduría General de la República creará una comisión forense para la identificación y determinación de causa de muerte de los 72 migrantes asesinados en San Fernando, Tamaulipas en el 2010; de los 193 restos localizados en fosas clandestinas en ese mismo lugar en mayo del 2011; así como de los 49 restos encontrados en Cadereyta, Nuevo León en el 2012.
“Si tenemos que firmar un convenio para dejar claras nuestras intenciones, firmamos este y los que vengan… No encuentro razón alguna para no hacer todo el esfuerzo posible, con quien sea necesario, con quien pueda aportar algo para resolver un caso”, manifestó Jesús Murillo Karam, procurador de la República.
Al encabezar la firma del acuerdo para la creación de la Comisión Forense, aseguró que ya se han cambiado los protocolos para que no sean incinerados los cadáveres sin identificarse o que no se vuelva a entregar un cuerpo sin identificación plena. “Hemos venido corrigiendo este tipo de protocolos, hoy son normas, antes no lo eran”.
En el marco de los tres años del hallazgo de 72 cuerpos de migrantes asesinados en San Fernando, Tamaulipas, el funcionario resaltó que este acuerdo se oficializará en el Diario Oficial de la Federación.
En tanto, la organización civil Sin Fronteras dijo que a tres años de la masacre en San Fernando, las violaciones a los derechos humanos de los migrantes continúan, y no sólo por parte del crimen organizado. Autoridades gubernamentales de diversas instancias también continúan violando los derechos de la población migrante. “Los secuestros, asaltos, violaciones sexuales, extorsiones y casos de tortura, tráfico de personas y trata siguen siendo reportados”, expresa un comunicado.
Ante la falta de esclarecimiento de estos asesinatos, organizaciones de la sociedad civil continúan demandando una investigación efectiva que consigne a los responsables y también respete y garantice el derecho a la vida y a la seguridad de los migrantes en su tránsito por el territorio mexicano.
El acuerdo integra a organizaciones civiles, familiares de migrantes del Salvador, Honduras y Guatemala y a autoridades del gobierno mexicano.
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