El último informe del Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) examina las lagunas en los servicios y las políticas que afectan a las familias transnacionales.
Fuente: Animal Político / 22 de noviembre de 2013. Emily Gómez Ramsey (@EKGRamsey)
Josefina vivió en Estados Unidos como trabajadora agrícola migrante durante 20 años. Ella y su esposo -migrantes indocumentados- tuvieron cinco hijos, tres de ellos, ciudadanos estadounidenses. Un día, uno de sus hijos mexicanos, fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas- (ICE por sus siglas en inglés).
La familia decidió que Josefina se presentara ante las autoridades para solicitar la liberación de su hijo. Tras largas batallas ante tribunales migratorios, la mujer recibió una orden de deportación, sin embargo, su hijo pudo permanecer en Estados Unidos debido a que cumplía con los requisitos para beneficiarse de un programa para migrantes.
Josefina volvió a México sólo con su hija menor, que, al no ser ciudadana mexicana, se enfrenta a dificultades para recibir atención médica y para adaptarse al sistema educativo mexicano.
La historia de esta mujer, recogida por el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) es una de cientos que hay sobre familias transnacionales separadas por deportaciones u cuestiones migratorias. Dichas familias son objeto de estudio en el informe más reciente del Instituto, presentado este miércoles 22 de noviembre.
Titulado ¿Ahora hacia dónde vamos?, el análisis, examina las lagunas en los servicios y las políticas que afectan a las familias transnacionales, las causas por las que se separan las familias, las organizaciones que trabajan con ellas y emite una serie de recomendaciones a los gobiernos de Estados Unidos y México para evitar la tragedia que significa la separación familiar.
Dependencias gubernamentales y organizaciones intentan enfrentar la situación de las familias en situación de separación: la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que tiene el mandato de proteger a los mexicanos en el exterior; el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), que presta servicios a las familias que se enfrentan a las autoridades de protección familiar en Estados Unidos; las dependencias estatales de asistencia a migrantes; y las organizaciones de la sociedad civil, quienes ofrecen orientación y asistencia.
A estas cuatro, así como a otras dependencias federales, el IMUMI emitió las siguientes recomendaciones que Animal Político resume:
Secretaría de Relaciones Exteriores
1. La SRE debe mejorar la recopilación de datos de las solicitudes de asistencia para los problemas de separación familiar de los consulados en Estados Unidos y las oficinas regionales en México.
2. El presupuesto que la SRE asigna a los consulados en Estados Unidos deberá tener como una de sus prioridades que los progenitores mexicanos tengan acceso a representación legal en los casos en que enfrenten la posible terminación de sus derechos de paternidad.
3. La SRE debe capacitar al personal de las oficinas de protección tanto en los consulados en Estados Unidos como en las oficinas regionales en México, para asegurarse de que cuentan con las habilidades adecuadas para manejar situaciones complejas de familias que han sido separadas.
Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF)
4. Las oficinas nacionales, estatales y municipales del DIF deben desarrollar programas para abordar la vulnerabilidad de las familias de inmigrantes repatriados que viven en situaciones de separación y reintegración.
5. El DIF debe desarrollar un cuestionario estandarizado y una base de datos para las oficinas municipales y estatales, para cuantificar el número de familias de inmigrantes repatriados y que solicitan servicios para desarrollar una mejor programación y para identificar los requisitos de financiamiento y recursos humanos.
Secretarías de Educación Pública y Salud
6. Las Secretarías de Educación Pública (SEP) y Salud deben eliminar las políticas internas que actualmente exigen actas de nacimiento originales apostilladas para inscribir a los menores de edad en los servicios de educación y salud, y diseminar estas políticas a los municipios remotos.
Congreso de la Unión
7. El Congreso de México debe aumentar el financiamiento de servicios para migrantes que han regresado a México y a la SRE para que ofrezca protección consular en el exterior.
Unidad de Política Migratoria, Secretaría de Gobernación (SEGOB)
8. El Centro de Investigación de la Unidad de Política Migratoria debe identificar las estadísticas que indican el número de familias separadas entre Estados Unidos y México.
Sociedad civil
9. Las organizaciones deben buscar de forma proactiva oportunidades de capacitación en bienestar infantil y cuestiones migratorias, para mejorar los servicios que ofrecen a las familias de migrantes repatriados.
Aquí puedes revisar el informe completo.
