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Home Ejes Graves violaciones Ejecuciones 72 migrantes

Tres masacres, tres heridas abiertas de la migración

by Comunicación Fundación
15 diciembre, 2015
in 72 migrantes, Ejecuciones, Fosas
Tres masacres, tres heridas abiertas de la migración
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Masacre 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas

El 25 de agosto de 2010, hallaron los cuerpos de 72 migrantes en el rancho “El Huizachal” ubicado en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, al norte de México. Eran 58 hombres y 14 mujeres quienes fueron asesinados por un grupo de crimen organizado. El motivo del asesinato es aún incierto. Entre las víctimas habían 24 hondureños, 14 salvadoreños, 13 guatemaltecos, 5 ecuatorianos, 3 brasileños y una persona de la India. Hasta la fecha hay 11 cuerpos sin identificar.

La Procuraduría General de la República no hace pública su investigación y la Comisión Nacional de Derechos Humanos así como la recomendación que emitió, tuvieron grandes fallos.

A la fecha, las autoridades siguen sin esclarecer el caso y las interrogantes permanecen abiertas. No hay transparencia en cuanto al papel que tuvo el Estado, tanto a nivel federal como municipal, ni de los motivos de los perpetradores para llevar a cabo la más grande masacre de personas migrantes en la historia de México.


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47 fosas clandestinas de San Fernando, Tamaulipas

Un año después de la masacre de los 72, los crímenes contra personas migrantes siguieron en San Fernando. En abril de 2011 se descubrieron 193 restos de personas en 47 fosas clandestinas. Los cuerpos presentan señales de ejecución arbitraria y también de tortura. La mayoría de las víctimas eran personas migrantes que iban de paso, varios de ellos eran centroamericanos. San Fernando es un pase obligatorio en la ruta del Golfo hacia los Estados Unidos.

Existe poca información pública sobre estos hechos violentos. Sin embargo, se sabe que participaron policías municipales de San Fernando. La organización norteamericana  National Security Archive (Archivo Nacional de Seguridad), a través de la Ley de Libertad de Información de EE.UU. desclasificó archivos que documentan la detención de nueve miembros del grupo criminal Los Zetas y 17 elementos de las fuerzas policiacas de San Fernando por participar en los asesinatos. Hasta la fecha no se tiene conocimiento de sentencias por el caso de fosas clandestinas de San Fernando.

Las formas de ejecución han sido descritas por la prensa como extremadamente violentas: se menciona que 130 murieron como consecuencia de golpes con objetos contundentes (algunos infligidos por víctimas forzadas a hacerlo) y el ochenta por ciento de los restos presentaban huellas de tortura. El simple hecho de ser el segundo hallazgo de masacres contra migrantes en el estado de Tamaulipas, pone de manifiesto la vulnerabilidad de la población migrante para ser víctima de homicidios y/o ejecuciones extrajudiciales y arbitrarias.


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49 torsos humanos encontrados en Cadereyta, Nuevo León

Después de las masacres de San Fernando, en 2010 y 2011, las autoridades mexicanas no actuaron para proteger a las  personas migrantes que cruzan el país. En mayo de 2012 se encontraron 49 torsos al borde de la carretera en Cadereyta, Nuevo León. Nuevamente en la ruta migrante. La primera reacción de las autoridades de Nuevo León fue denegar que se trataba de personas migrantes.

Sin embargo, de los 49 restos (42 hombres y 7 mujeres) se han identificado únicamente 13 de ellos. De nacionalidad  hondureña, mexicana, costarricense. Más adelante, se corroboró la identidad de ocho personas hondureñas realizada por la Comisión Forense donde participa el Equipo Argentino de Antropología Forense y peritos de PGR así como 11 organizaciones de la sociedad civil. En Julio de 2014 estos cuerpos fueron entregados a sus familiares en Honduras.

No se puede descartar la posibilidad de encontrar más personas migrantes centroamericanas, pues se podría tratar de otra ejecución extrajudicial masiva de personas en situación de migración durante su tránsito por México. Al igual que en los casos anteriores en San Fernando, Tamaulipas, en la masacre de Cadereyta persisten  malas prácticas en la investigación penal, en el trabajo forense y en la identificación de los restos encontrados.

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