Ciudad de México a 14 de febrero de 2017
En el marco de las iniciativas presentadas para dar un marco legal que regule la presencia de las Fuerzas Armadas en el país y la posible aprobación de la Ley de Seguridad Interior, organizaciones de la sociedad civil, así como integrantes de la academia dieron a conocer hoy en conferencia de prensa las preocupantes consecuencias que puede tener la aprobación de dicha Ley.
Las víctimas de la militarización de la seguridad pública, organizaciones cívicas e integrantes de la academia, urgimos al Congreso de la Unión a detener de manera inmediata la aprobación de la Ley, ya que al legalizar el uso de las fuerzas federales, especialmente militares, en tareas de seguridad pública reduce y desincentiva el fortalecimiento y la profesionalización de las corporaciones policiales, quienes constitucionalmente debieran asumir dichas tareas.
La Ley de Seguridad Interior representa una afrenta a las recomendaciones que diversos organismos internacionales han dado a México. Resulta apremiante que las y los legisladores tomen en cuenta las manifestaciones en contra de la aprobación de esta Ley tanto de organizaciones nacionales, como organismos internacionales por considerarla riesgosa para la población y poco efectiva para lograr la reducción de la violencia desencadenada desde la implementación de la estrategia de seguridad contra el narcotráfico en 2006.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de su visita in loco en 2015, mostró su preocupación debido al incremento de violencia y de las violaciones a derechos humanos en México, en el marco de la estrategia de seguridad militarizada. La CIDH consideró indispensable que el Gobierno mexicano presente un plan concreto para el retiro gradual de las fuerzas armadas en tareas de seguridad. De la misma manera, el Sr. Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, como parte de sus 14 recomendaciones emitidas a México, expuso la necesidad de promover un enfoque de seguridad pública en línea con los derechos humanos.
Tal y como hemos señalado con insistencia, legislar en materia de seguridad interior es inconstitucional y contraria al derecho internacional de los derechos humanos. Ninguna ley puede militarizar la seguridad pública ni restringir o suspender ningún derecho para garantizar la seguridad de la ciudadanía salvo que se trate de decretos emitidos en el marco del artículo 29 constitucional.
Ante la falta de un análisis o estudio basado en evidencia empírica que constate, en el contexto actual de México, que la actuación militar es la vía adecuada para garantizar la prevención, investigación y sanción de delitos, urgimos al Congreso de la Unión detenga la aprobación de la Ley. Toda Ley o estrategia aprobada en materia de seguridad debe disponer de bases constitucionales que permitan una efectiva rendición de cuentas, protección de los derechos fundamentales y la creación de recursos efectivos en caso de que se presenten abusos y violaciones.
La evidencia hoy disponible muestra graves casos de tortura, detenciones arbitrarias, desapariciones, y ejecuciones a manos de militares. Estos casos tendrían que ser tomados en cuenta por las y los legisladores para evidenciar la urgencia de adoptar una Ley que regule el uso de la fuerza, restrinja las tareas de inteligencia, obligue a la transparencia y dote de seguridad a las y los ciudadanos frente a la actuación de las fuerzas armadas, antes de aprobar una iniciativa que legalice que el Ejército realice tareas de seguridad pública como son la detención, la prevención e investigación del delito, como pretende la mencionada Ley.
Las organizaciones e integrantes de la academia insistimos en la necesidad latente que las y los legisladores escuchen a las víctimas de la política de seguridad militarizada y realicen un diagnóstico, documentado y debidamente sustentado en evidencia, de los resultados y consecuencias que ha tenido la utilización de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública durante los últimos 10 años.
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