Artículo publicado en Animal Político el 23 de marzo de 2015
Las autoridades mexicanas se comprometieron a desarrollar un mecanismo de investigación que permita a los migrantes agraviados y a sus familias, independientemente de su situación migratoria y de donde se encuentren, “tener un acceso efectivo a la justicia”.
“¿Qué pasaría si alguno de sus hermanos estuviera desaparecido? Yo voy a seguir en la búsqueda para encontrarlo, ya sea vivo o muerto”. Así encaró a funcionarios mexicanos Heidi Orozco, una guatemalteca que busca a su hermano Jesmir Orozco, desaparecido en México en 2010. Su peregrinar sin conseguir una respuesta del gobierno federal, la llevó a las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebrada el viernes 20 de marzo.
Con la voz entre cortada, pero con la rabia de cinco años sin respuesta, exigió la creación de un mecanismo trasnacional de acceso a la justicia y los representantes del gobierno mexicano se comprometieron a hacerlo, aunque no precisaron la fecha.
La directora general de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), Rosalinda Salinas, informó que desarrollarán un mecanismo de investigación que permita a los migrantes agraviados y a sus familias, independientemente de su situación migratoria y de donde se encuentren, “tener un acceso efectivo a la justicia”.
Y es que como Heidi, hay miles de personas a quienes la vida les cambió cuando perdieron el rastro de sus familiares que viajaban a Estados Unidos en busca del sueño americano. Los comités de Centroamérica han documentado en el Salvador 350 desaparecidos, en Honduras 308, en Guatemala 79 y los bancos forenses encabezados por el Equipo Argentino de Antropología Forense, 258 migrantes no localizados en el Salvador, 267 en Honduras, y 86 en Guatemala.
En tanto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó el secuestro de 20 mil migrantes durante un año y en las masacres de Cadereyta, Nuevo León y San Fernando, Tamaulipas, se encontraron 300 restos humanos, pero “en las estadísticas mexicanas los migrantes centromericanos no existen”, denunció Ana Lorena Delgadillo Pérez, de la Fundación para la Justicia de México.
¿Cómo conseguir que México investigue y castigue a los responsables de las desapariciones de centroamericanos si los familiares de las víctimas son ignorados en territorio mexicano, como lo son los migrantes? Durante el 154 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las organizaciones civiles respondieron la interrogante.
Exigieron al Estado Mexicano que, tal como se comprometió el exprocurador, Jesús Murillo Karam, estructure un “mecanismo trasnacional de acceso a la justicia” cuya propuesta se trabajó en conjunto con las víctimas durante un encuentro regional durante diciembre de 2014 en la Procuraduría General de la República.
Se trata de un conjunto de acciones del Estado Mexicano que permita a las familias acceder a la búsqueda de los migrantes, investigación y reparación integral desde sus países de origen.
Las asociaciones de las víctimas proponen que a este mecanismo se unan los bancos forenses iniciados por el Equipo Argentino de Antropología Forense y pidieron a la Comisión Interamericana acompañe a la PGR en el diseño.
Aunque el gobierno mexicano se comprometió a hacerlo, Lorena Delgadillo Pérez advirtió que ninguna estrategia podrá funcionar y las prácticas de abuso no podrán erradicarse si no se eliminan las malas prácticas contra los migrantes en su paso por México.
Rosalinda Salinas informó que el nuevo mecanismo, recomendado también por la Comisión Interamericana, dará asistencia e información a las familias respecto a la búsqueda de los migrantes desaparecidos, desde la sede diplomática del Estado Mexicano en Guatemala y con facultades de acción en toda la zona centroamericana y “facilitará el esclarecimiento de los hechos para garantizar tanto la eficacia de las investigaciones como el derecho a la verdad”. Además, asegurará la reparación del daño.
El relator de la CIDH sobre derechos migrantes, Felipe González, consideró que México tiene mecanismos de carácter general para atender a víctimas de violaciones a derechos, pero debe tener iniciativas específicas hacia los migrantes debido a la situación de “extrema precariedad e invisibilidad en la que están”.
Y es que la situación de los migrantes en su paso por México ha sido calificada como una “tragedia” una “emergencia humanitaria” desde hace décadas, pero se ha recrudecido luego de la presencia del crimen organizado en las fronteras del país.
